Al menos 400 denuncias contra empresas inmobiliarias están “atoradas” en la Fiscalía General del Estado de Querétaro; por lo cual, pobladores defraudados por las empresas Grupo Desarrollador Camelot, Generación de Desarrollos Sustentables y Carther Desarrollos y Proyectos Inmobiliarios, operadas por Continental Grass Producer y Landscape México, solicitaron la intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En rueda de prensa en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena por Querétaro -Dr. Gilberto Herrera Ruiz y Rufina Benítez Estrada- expresaron su respaldo a la población y se comprometieron a darles seguimiento a sus denuncias.
Mario Ramírez -vocero de vecinos de los fraccionamientos El Encino, Quercus, El Roble y Tierra Noble Juriquilla- informó que en dichos desarrollos hay alrededor de 30 mil propiedades que representan un fraude por alrededor 15 mil millones de pesos en daños económicos directos, 20 millones en gastos de representación legal, más los daños financieros, sociales y emocionales de las familias afectadas, entre quienes hay quienes que llevan más de 10 años buscando recuperar su patrimonio.
Al respecto, denunció que a lo largo del proceso legal han observado “la colaboración de notarías, firmas de abogados que representan y facilitan las actividades de estos grupos criminales” en el mercado inmobiliario.
Asimismo, dijo “notamos nulo interés de entidades como la Secretaría de Gobierno de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dirigida por Marco Antonio del Prete Tercero, quien incluso ya ha iniciado su campaña para buscar la gubernatura del estado”.
Por su parte, Claudia Manilla -afectada- expresó la “preocupación ciudadana ante la persistente negligencia de las diversas fiscalías a las que les hemos solicitado defender los derechos que tenemos y para hacer frente a estas organizaciones criminales, particularmente en los casos de no entrega de lotes y viviendas, y en los casos de desarrollos habitacionales carentes de infraestructura básica de agua potable, drenaje y electricidad”.
De igual manera, Angélica Arvizu -afectada- reprobó que la fiscalía se ha dedicado a cerrar las carpetas de investigación argumentando que los hechos están prescritos; sin embargo, “consideramos que es un delito continuado dado que, día a día, cometen acciones para mantener en engaño a la población porque un día ponen una lámpara, luego unos tubos y dicen ‘miren, vamos avanzando’ a fin de aplazar los casos”.
Finalmente, José Ramón Saldívar, originario de la Ciudad de México y avecindado en Querétaro, expresó “di no a la preventa de cualquier inmueble o terreno porque te están vendiendo ilusiones, no existe. Me vendieron el sueño queretano (…) y esto que nos están haciendo rebasa cualquier límite. No es posible que jueguen con nuestro trabajo y sueños, nosotros no somos millonarios como ellos”.
El asunto ya es del conocimiento de Presidencia de la República, instancia a la solicitan su intervención para garantizar el acceso efectivo a la justicia, asegurar la reparación integral de los daños, sancionar de manera ejemplar a quienes han cometido estos delitos; así como la fiscalización estricta a los desarrolladores inmobiliarios y la emisión urgente de una campaña nacional de prevención, para alertar a la población sobre el grave riesgo que implica la adquisición de inmuebles en preventa.
